PRC-PSOE insisten en se ha actuado siguiendo los principios de legitimidad tal y como marca la Ley de contratos del sector público, una vez declarada la insolvencia y la apertura de la fase de liquidación de la adjudicataria
El pleno del Ayuntamiento de Astillero aprobó con los votos a favor del PRC-PSOE y los del PP declarar la resolución del contrato administrativo adjudicado en sesión plenaria de 26 de marzo de 2009, de gestión de servicios de guardería laboral, mediante gestión interesada, al encontrarse el contratista, la empresa Desarrollo Integral de la Infancia Cors S.L., en situación de concurso por declaración judicial y estado de liquidación según el Auto de 4 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander.
Asimismo se acordó, respecto a la fianza definitiva impuesta por razón del contrato, proceder a su devolución cuando finalice el procedimiento judicial, salvo que se declare el concurso como culpable, sin perjuicio de que las partes interesadas pudieran solicitar la apertura de la pieza separa de calificación del concurso como culpable, conforme a la sección sexta del procedimiento concursal.
Durante el debate plenario, tanto los portavoces del PRC, Maica Melgar, como del PSOE, Salomón Martín, dejaron claro que el proceder del equipo de gobierno se ha visto marcado por los principios de la legitimidad dando el debido cumplimiento a la Ley de contratos del sector público, por lo que rechazando enérgicamente las críticas dirigidas desde la bancada de la oposición, calificando de parálisis e inacción al equipo de gobierno.
Ambos portavoces aclararon que ni el ayuntamiento gestionaba la actividad ni tampoco ha sido quien decidió voluntariamente pedir concurso de acreedores en julio. “Es la empresa quien podía haber obrado de buena voluntad valorando el cese de su actividad al finalizar el curso escolar pasado para evitar los actuales perjuicios y comunicárselo a usuarios y empleados y no lo hizo. Desde sus inicios esta gestión no era rentable”.
“Aquí no solamente usuarios y empleados son los damnificados, sino también este ayuntamiento, con una deuda que ronda los 35.000 euros de canones impagados por parte de la concesionaria. Por ello vamos a pedir responsabilidades vía judicial”.
Asimismo comunicaron que ya está trabajando en la elaboración de unos pliegos para sacar de nuevo lo antes posible a concurso la gestión de esta guardería laboral y evitar errores pasados a través de un proyecto que sea económicamente sostenible.
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