PSOE y PRC instan a Soberón a que “actúe” dentro de la legalidad después de que el juzgado anule facturas por valor de 1,2 millones de euros.

Las dos formaciones subrayan que existen posibles responsabilidades contables ante el tribunal de cuentas y penales como consecuencia del pago de facturas al margen de contratos vigentes y fiscalización.

Astillero, 17 de Junio de 2022.

El PSOE y el PRC de Astillero, a través de Salomón Martín Y Francisco Ortiz, han instado al alcalde, Javier Fernández Soberón, a que “actúe” dentro de la legalidad después de que los tribunales hayan anulado la aprobación de facturas por valor de 1,2 millones de euros del ejercicio 2020.

Ambas formaciones habían denunciado la “ilegalidad” del equipo de Gobierno de Cs que había aprobado en la Junta de Gobierno Local facturas por un valor de 1,2 millones de euros sin que tuvieran consignación presupuestaria.

Ahora el juzgado, estima “íntegramente” la denuncia realizada por los dos grupos municipales “y anula” los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno. “Se pone de manifiesto la ilegalidad con la que actúa el alcalde y su equipo, que ha vulnerado claramente el principio de anualidad del presupuesto”, han declarado.

En este sentido, han subrayado que la sentencia señala que “el método utilizado no solo era ilegal, sino que se realizaba por el órgano incompetente”. “Lo advertimos en numerosas ocasiones: debían ir a Pleno, pero el señor Soberón hizo caso omiso a nuestras advertencias”, han apostillado.

Así, han recordado que las facturas fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local cuando debe ser el Pleno, porque no contaban con partida presupuestaria. “La cuantía no era baladí y además afectaba a facturas que no tienen contrato en vigor”, han explicado.

Por ello, ambas formaciones, han insistido en la necesidad de proceder a la licitación de los servicios que no cuentan con contrato. “Nosotros queremos que todo se haga por el procedimiento establecido. No nos oponemos a que las empresas que prestaron su servicio reciban su pago correspondiente, sino que queremos que el equipo de Gobierno actúe conforme a la ley”, han apostillado.

Al hilo, han recordado que la sentencia advierte de que la situación actual en el Ayuntamiento de Astillero en esos contratos “vulnera los principios de igualdad, legalidad, no discriminación, transparencia y libre competencia” que rigen cualquier contratación pública. “Es por ello que nos vimos obligados a acudir a los tribunales. Reclamamos que Soberón y su equipo de Gobierno gestione correctamente el presupuesto y la legalidad contractual del Ayuntamiento y sus proveedores, especialmente, cuando se da en contratos de elevado coste”, han señalado.

“Confiamos en que el equipo de Gobierno proceda a licitar los contratos pendientes y gestione, dentro de la legalidad, las arcas públicas”, han concluido.